Un reporte muestra las necesidades de 51 comunidades en dos provincias después del terremoto de abril de 2016


Los daños que dejó el terremoto del 16 de abril en los hogares de Manabí y Esmeraldas aún son difíciles de calcular con exactitud. Sin embargo, un reporte midió la afectación en las viviendas en cuatro cantones de estas dos provincias y demostró que aunque 81% de los hogares sufrieron daños estructurales importantes o están totalmente destruidos, la situación varía en cada cantón —Jama, San Vicente, Sucre y Muisne—, incluso en cada uno de los 51 asentamientos. Para medir el daño se utilizaron variables que diferenciaban al daño estructural —columnas, vigas y entrepisos afectados— del superficial —muros divisorios, fachada, instalaciones eléctricas afectadas—, y no porcentajes.

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Estas diferencias entre impactos en poblaciones se evidencian en el cantón Jama. La población de Jama —en el cantón con el mismo nombre— quedaron casas completamente destruidas o con afectaciones en gran parte de la estructura pero aún mantienen servicios comunitarios vinculados a la educación, salud y provisión de servicios. Mientras que en la población de El Matal (también en el cantón Jama), la destrucción ha sido generalizada y ha afectado también estos servicios. Hay otras poblaciones, como la Isla de Muisne, en Esmeraldas, donde la afectación fue grave (66% de la vivienda) pero relativamente menor que otros asentamientos como María Auxiliadora y San Isidro, en el cantón Sucre. Sin embargo en Muisne el temor y el riesgo de la zona donde vivían los ha obligado a movilizarse dentro y fuera del cantón.

El reporte realizado por la organización TECHO encuestó a 2780 hogares afectados que viven en asentamientos de estos cuatro cantones, entre el 31 de abril y 1 de mayo, dos semanas después del terremoto.

Además de levantar información sobre el estado de las viviendas afectadas por el terremoto, el reporte se enfoca en las condiciones de vulnerabilidad de los hogares. Uno de los indicadores más relevantes es la condición de hospedaje de las familias afectadas: a las dos semanas posteriores al terremoto un 48% vivía en refugios improvisados. Esta es la opción más precaria porque son viviendas de un solo dormitorio construidas con materiales provisionales como lonas y plásticos, y restos de las viviendas destruidas.

La situación de hospedaje se vuelve especialmente grave por su precariedad y los posibles impactos en la salud de sus habitantes a causa de condiciones de hacinamiento y saneamiento inadecuadas. Los refugios improvisados —que varían de tamaño pero por lo general son solo un dormitorio— suelen tener escaso acceso a servicios básicos y, de acuerdo a información de TECHO, la cantidad promedio de personas por refugio improvisado es de 4,25. Aunque en los últimos meses se ha ampliado la cobertura de albergues públicos y la provisión de insumos más resistentes para los refugios —como carpas más fuertes que las lonas que tenían, estructuras de zinc—, se estima que los refugios improvisados aún siguen siendo una forma muy común de hospedaje. Los motivos son varios: imposibilidad de transportar los bienes que aún tienen con ellos y el temor a perder sus terrenos.

Otra situación que dificulta la reactivación económica de las familias y la reconstrucción de sus hogares es la interrupción de fuentes de ingreso, más aún si se considera que la situación de pobreza y condiciones de vida deficitaria no nacieron a partir del terremoto. Según el INEC, en el 2014, el 54% de la población de Manabí y el 56,3% de Esmeraldas se encontraba bajo la línea de pobreza. De acuerdo a TECHO, el 83% de los hogares encuestados manifestó que sus fuentes principales de ingreso —pesca, oficios por cuenta propia, trabajo como jornalero— fueron afectadas.

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Este dato es clave pues, si toma en cuenta que los procesos de reconstrucción suelen durar varios años, la lenta reactivación de fuentes de trabajo podría hacer permanente el desplazamiento fuera de las zonas afectadas. Este proceso migratorio, según las múltiples visitas que realicé a los asentamientos, se da más en zonas rurales que en ciudades. Por ejemplo en Canoa, el grado de destrucción ha sido tal que incluso si sus habitantes recuperasen sus viviendas, las familias no tendrán fuentes de ingreso —como el turismo— por algún tiempo, por eso deciden mudarse. La migración por falta de oportunidades laborales en las zonas afectadas podría tener un impacto en las ya sobrepobladas periferias de las ciudades como Guayaquil y Durán.

Si bien esta información es clave para entender la vulnerabilidad que enfrentan las familias afectadas, un contexto post-terremoto es altamente cambiante. Las familias que en un principio huyeron por miedo a las réplicas, regresan a las zonas afectadas pero al no encontrar fuentes de ingreso deciden salir. Los procesos de reconstrucción estatal iniciaron en momentos diferentes y se estima que la velocidad y el grado en que lo lograrán también lo será. La reactivación económica será progresiva y diferente entre contextos urbanos y rurales. Es clave mantener un proceso continuo de seguimiento a los damnificados con el objetivo de monitorear estos cambios e identificar diferencias en cuanto al acceso a programas de reconstrucción y asistencia.

Juan Pablo Arguello
(Ecuador, 1990)

Licenciado en Ciencias Políticas. Metiéndose en temas de hábitat y desarrollo urbano, pobreza y desarrollo sostenible para ser parte de la transformación de Guayaquil.